Balance de la Ley de Dependencia en el primer trimestre del año

Según los datos publicados a 1 de marzo por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, de un total de 1.539.043 solicitudes, 1.420.418 ya tienen su dictamen (el 92%) y de éstos, 1.058.072 (el 74,5%) son beneficiarios con derecho a prestación. Desde el 1 de enero, a los grandes dependientes (Grado III) y severos (Grado II) se han sumado los moderados de Grado I nivel 2, que cuentan ya con 142.162 dictámenes (el 10% del total).

Actualmente, hay 696.366 personas beneficiarias que reciben un total de 835.377 prestaciones, ya que una misma persona puede recibir más de una. Existe, por tanto, un desfase de más de 360.000 personas dependientes que, aún teniendo reconocido su derecho a servicio o prestación, está a la espera de recibirlo.
Por tipo de prestaciones, nos encontramos con los siguientes datos:

• Prevención, dependencia y promoción de la autonomía personal: 13.090 (1,6%)
• Teleasistencia: 91.901 (11%)
• Ayuda a domicilio: 102.625 (12,3%)
• Centros de día/noche: 49.308 (5,9%)
• Atención residencial: 125.530 (15%)
• Prestación económica vinculada al servicio: 53.975 (7,8%)
• Prestación económica de cuidados familiares: 398.205 (57,2%)
• Prestación económica al asistente personal: 743 (0,1%)

Estos datos reflejan, claramente, que la excepcionalidad para la concesión de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, tal y como se define en la Ley de Dependencia, no se está cumpliendo. Según los datos del SISAAD, se trata de la prestación más concedida, acercándose al 60% del total. Como consecuencia, se está desvirtuando el espíritu con el que nació la norma: profesionalizar el sector y ofrecer servicios de calidad.

No obstante, existen comunidades autónomas que priorizan la concesión de servicios profesionales frente a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, como Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Canarias, Asturias y País Vasco.